Thursday, July 20, 2006

De vuelta en Guate...

El entorno internacional

Un aspecto contextual que enmarca la situación nacional corresponde a la crisis general del sistema capitalista. Esta crisis no implica el inminente derrumbe de este sistema o que en el corto plazo emerja un campo alternativo; lo que se señala es que el sistema capitalista enfrenta tres desafíos estructurales a los que cada vez con mayor dificultad es capaz de hacer frente, y que el desenlace de esta crisis es impredecible y puede dar lugar a una nueva recomposición o bien al cambio del sistema en un período más o menos prolongado.

Estos tres desafíos tienen un carácter estructural, deben analizarse desde una óptica global y afectan las bases mismas de acumulación del capital; siendo estos el conflicto por los salarios; el costo de los insumos para la producción; y, el alza en la tributación. El primer tema está relacionado con el proceso principal de acumulación capitalista, la explotación. A partir de que a través de la organización y la lucha de los trabajadores los salarios y el nivel de vida en los países centrales empezaron a elevarse de manera significativa a lo largo del siglo XX, la estrategia de expansión del capital se orientó a incorporar masas de trabajadores en los países periféricos en los que se paga mucho menos que en los centrales. Sin embargo, esta solución tiene límites. Por un lado, las corrientes migratorias han presionado los mercados laborales de los países centrales provocando cada vez mayores conflictos en torno al tema migratorio; por el otro, la incorporación de mano de obra barata al mercado de trabajo tiene límites y costos sociopolíticos que no pueden soslayarse. Los límites están dados por la cantidad de personas que pueden incorporarse a estos mercados de trabajo y la cantidad de personas que estos pueden absorber.

El segundo desafío al capitalismo tiene que ver con el uso de materias primas. Históricamente la producción capitalista ha tenido un carácter depredador y destructivo del ambiente. La expansión sobre estas bases se mantuvo en tanto que se pensó que los recursos naturales eran ilimitados. Sin embargo, la escasez de algunas materias primas tiende a elevar los precios de estos y, los costos de la destrucción del ambiente constituyen una amenaza no sólo para el capitalismo sino para la humanidad en su conjunto. En ese marco se ha desarrollado la tendencia a que ciertos bienes como el petróleo, el gas o el agua se conviertan en objeto de disputa y que el control de los mismos desencadene guerras e intervenciones militares. Es desde esta perspectiva que pueden interpretarse las guerras del golfo pérsico y la tensión internacional creciente en las regiones en las que existen yacimientos de estos productos. Igualmente, el deterioro ambiental y en particular el cambio climático, producido precisamente por la lógica depredadora del capitalismo aumenta costos y produce pérdidas cada vez más difíciles de asimilar. Entre los países esta situación empieza a provocar fricciones y realineamientos en torno a la necesidad de promover una política ambiental de carácter internacional cuyos costos implicarían un aumento en la tributación y una reducción en los márgenes de ganancia. Como se señaló antes, esta tensión no es menor ya que en la misma se juega el futuro de la vida en el planeta.

El tercer aspecto a considerar corresponde a la tributación. En los países centrales, la tendencia histórica ha sido un aumento de la tributación que está correlacionada con el incremento en los niveles de vida de la población. Sin embargo, la expansión del sistema y los procesos de mundialización que han promovido la deslocalización y fragmentación territorial de las grandes corporaciones ha producido que en los países periféricos este aumento se vaya constituyendo también en una demanda creciente que afecta las posibilidades de acumulación del sistema.

Estas tres tensiones interrelacionadas, aunque se expresan con mayor fuerza en los países centrales, tienen consecuencias relevantes para el resto de las sociedades. En el tema de los salarios, tanto las migraciones como el renovado conflicto capital/trabajo están a la orden del día, percibiéndose un ciclo de movilizaciones y protestas de escala global. El tema ambiental y de recursos estratégicos está igualmente presente y en parte explica las invasiones de Afganistán e Irak así como las desavenencias internacionales en torno a la implementación del protocolo de Kyoto. En la misma línea, la ofensiva contra los Estados de Bienestar puede analizarse desde esta visión.

Sin embargo y como se ha mostrado en los últimos tres siglos, el capitalismo ha tenido la capacidad de recomponerse; la ofensiva ideológica neoliberal y las olas de liberalización e integración comercial son parte de estos esfuerzos en los que los países centrales intentan mantener los procesos de acumulación a través de la expansión y control de los mercados y la explotación de la fuerza de trabajo. Esto se da en el marco de complejas interacciones de dominación, cooperación, competencia y conflicto entre los Estados Unidos con los gobiernos de Canadá, de América Latina y el Caribe, así como de las otras potencias que constituyen el poder mundial: la Unión Europea, Japón, Rusia y la República Popular China.

La historia reciente de América Latina es una muestra de estos procesos. En la región se aplicaron de manera heterogénea reformas orientadas a la “liberalización” de la economía – que implicaron un nuevo ciclo de acumulación por la vía de las privatizaciones -; el desmantelamiento de los Estados; y a despojar a los gobiernos de los instrumentos y recursos necesarios para impulsar políticas sociales. Políticamente las clases dominantes tendieron a unificarse alrededor de proyectos neoliberales que aceptaron al pie de la letra las directrices del gobierno de los Estados Unidos y de las Instituciones Financieras Internacionales.

El siguiente pasó en la estrategia de dominación imperialista impulsada por los Estados Unidos para América Latina consistía en el establecimiento de la zona de Libre Comercio de Las Américas. Esto daría un respiro a la economía norteamericana y al mismo tiempo le permitiría formar un bloque capaz de contraponerse a la Unión Europea y a las economías asiáticas emergentes. Sin embargo este esfuerzo se vio frustrado por la resistencia que se encontró en los países de la región (por divergencias entre empresarios, gobiernos y la resistencia popular) y por el desgaste y aislamiento que representó la invasión de Irak. Ante la imposibilidad de negociar el área de libre comercio en un solo “paquete”; los Estados Unidos han negociado tratados bilaterales con distintos países, en condiciones que les son favorables.

Sin embargo, las reformas implementadas en América Latina provocaron que la mayoría de la población de la región mantuviera en situación de pobreza y pobreza extrema, y el empobrecimiento de millones de personas más. Esto ha conducido a través de procesos políticos nacionales con historias particulares distintas a que en diferentes países los pueblos hayan logrado construir alternativas políticas de izquierda. En este proceso, la Revolución Bolivariana de Venezuela ha jugado un papel determinante, así como el triunfo electoral de partidos históricos de izquierda así como fuerzas políticas relativamente más recientes. Este cambio regional en la correlación de fuerzas expresa en primer lugar, el rechazo a las políticas neoliberales impuestas por los Estados Unidos y puestas en marcha por los grupos dominantes locales y que provocaron mayor pobreza y exclusión; y, en segundo lugar que, frente a la crisis sistémica del capitalismo están emergiendo nuevas formas de desarrollo y de integración entre los pueblos. Sin embargo, la injerencia norteamericana sigue presente y actúa no sólo para revertir los avances logrados en los países en los que actualmente gobierna la izquierda, sino para evitar que estos triunfos ocurran en otros países del continente. Desde la perspectiva revolucionaria, la contradicción entre el imperialismo norteamericano y las expresiones revolucionarias regionales constituyen el referente para la definición de la estrategia política en la que la lucha antiimperialista ocupa un lugar principal.

En Guatemala, se impuso un Tratado de Libre Comercio pese a la inconformidad de algunos grupos empresariales, la oposición inicial de varios partidos políticos y las movilizaciones y protestas populares. Finalmente sólo los partidos de izquierda votaron en contra del mismo. Para su puesta en marcha, el gobierno norteamericano exige al gobierno que acepte condiciones aún más desfavorables para los intereses nacionales. En el país se expresan políticamente estas contradicciones internacionales al grado que, unos de los grupos económicos más importantes del país ha propuesto la “integración” de las burguesías centroamericanas para enfrentar la amenaza de la revolución bolivariana en la región.

Las consecuencias económicas y sociales de los gobiernos empresariales

A casi diez años de la Firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala enfrenta las consecuencias de tres gobiernos de derecha – con distintos matices – que no sólo no cumplieron los aspectos de los compromisos sustantivos de dichos acuerdos sino que implementaron políticas de carácter neoliberal que fueron en su contra. Las consecuencias de estas políticas pueden palparse en el crecimiento de la extrema pobreza, la pobreza y del porcentaje de población en riesgo de pobreza así como en la persistencia y profundización de la desigualdad.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, más de la mitad de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza, y de ellas, más de un veinte por ciento en extrema pobreza. Aunque en términos porcentuales la pobreza parece haber disminuido, en términos absolutos – el número total de personas pobres – ha aumentado en los últimos años; igualmente, el número y porcentaje de personas que cuentan con menos de un dólar al día para vivir se ha incrementado de manera significativa. Esto significa que dos de cada diez guatemaltecos tienen menos de 8 quetzales por día para alimentarse, vestirse, educarse, alojarse y curarse – lo que es imposible – y que más de la mitad de los guatemaltecos tienen que decidir cotidianamente entre alimentarse o cubrir el resto de sus necesidades básicas.

De manera complementaria al analizar la pobreza es necesario contrastarla con la riqueza, lo que permite entender porqué Guatemala sigue siendo uno de los países más desiguales del continente y del mundo. La desigualdad permite captar como se distribuyen los ingresos en el país; cuánto de la riqueza que se produce llega a los pobres y cuanto se concentra en los ricos. En Guatemala, el 20% de la población más rica concentra el 60.2% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre recibe apenas el 1.8% de la misma. En el caso de la tierra este patrón se reproduce:la mayor parte de la tierra – y la mejor – está en muy pocas manos, mientras que la mayoría de la población campesina no tiene o tiene muy poca tierra. Esta realidad es el resultado de siglos de exclusión, explotación y acaparamiento de recursos. A pesar de esto estas condiciones son reversibles - muchos países con patrones históricos similares han reducido la desigualdad - y los acuerdos de paz establecieron los lineamientos para avanzar en esa dirección.

Sin embargo, los gobiernos que se han sucedido desde la suscripción de los Acuerdos de Paz no sólo no cumplieron con lo establecido en los Acuerdos sino que utilizaron al Estado como medio de acumulación e implementaron medidas de corte neoliberal que significaron mayor pobreza para el pueblo de Guatemala. El gobierno de Arzú, firmante de los acuerdos de paz, llevó a la práctica oscuros procesos de privatización que permitieron el enriquecimiento de los intermediarios, el remate de los bienes públicos y la entrega de áreas estratégicas de la economía a intereses extranjeros. El gobierno del FRG encabezado por Portillo utilizó el pillaje descarado de los recursos del Estado como medio de acumulación; el presunto conflicto con la oligarquía tradicional no fue más que la disputa entre distintos grupos empresariales – que funcionan y trabajan como mafias – por los favores del Estado. Contrario a lo que se dice, no se tocaron los intereses de estos grupos económicos.

El gobierno de la Gran Alianza Nacional, encabezado por Oscar Berger y que ha tenido un carácter explícitamente empresarial ha continuado en la misma tónica. A pesar de contar al inició de su mandato con suficiente apoyo para enderezar el rumbo del país e impulsar transformaciones que condujeran a un nuevo tipo de desarrollo, este gobierno se ha caracterizado por impulsar medidas y acciones aisladas y en muchos casos contradictorios en materia de política pública, dando por resultado una gobierno errático.

Durante la campaña electoral anterior, el hoy presidente se comprometió a garantizar la seguridad integral, la inversión social, condiciones para la producción, empleo, bienestar común y combate frontal a la corrupción. A poco más de dos años de tomar posesión, los ciudadanos asistimos al naufragio del gobierno empresarial que se muestra indefenso e incapaz frente a la delincuencia; que ha hundido al país en el desempleo y la pobreza; que no ha creado las condiciones necesarias para promover la inversión productiva y en cuyo seno se han mantenido y extendido los focos de corrupción.

Con la colaboración y la asesoría de antiguos luchadores sociales que traicionaron las causa del pueblo, ha respondido a las movilizaciones y demandas sociales con mesas de discusión que promueven diálogos y búsquedas de acuerdos que finalmente son incumplidos. A las protestas contra el TLC y la minería metálica ha respondido con represión; a las demandas magisteriales con despidos y a la lucha campesina con engaños.

A lo largo de estos dos años han sido constantes las denuncias de corrupción – que han señalado incluso a miembros de la familia del presidente - , pero el control que tiene el ejecutivo del ministerio público ha impedido que las mismas se investiguen a fondo.

Otra constante ha sido el impune aumento de precios que el ministerio de economía intenta tergiversar con la burda manipulación de la información estadística pero que la población reciente cotidianamente. En este gobierno se ha acelerado el deterioro de las condiciones de vida que se siente en el clima de absoluta inseguridad; el aumento desmesurado de precios, el desempleo y la precarización de los servicios públicos.
En materia de seguridad, se ha señalado repetidamente la incapacidad del gobierno para enfrentar a las bandas de criminales que asolan todas las regiones del país. El problema es que no se trata sólo de falta de capacidad sino de voluntad para combatir la compleja trama que han tejido estas redes criminales que tienen presencia en el gobierno y que involucra también intereses empresariales. Como resultado de esto, el Estado ha renunciado tácitamente a imponer la ley en ciertas zonas del país y en determinadas áreas de interés, lo que se traduce cotidianamente en la muerte cotidiana e impune de decenas de guatemaltecos.

En síntesis, los gobiernos empresariales sólo han servido para el beneficio de los grupos de poder que utilizan al Estado para su enriquecimiento y para la mayoría de la población significan más pobreza y más desigualdad. Este proceso de empobrecimiento tiene un carácter acumulativo, de manera que, por un lado cada vez son mayores y más frecuentes las protestas y movilizaciones sociales y, por el otro, los grupos dominantes tienden a tener dificultades para crear instrumentos políticos que les garanticen la continuidad en el control del poder político del Estado.

La fuerzas políticas: preparativos para las elecciones de 2007

El escenario político actual está condicionado por el momento de inflexión que atraviesa la economía, la sociedad y, obviamente la propia dinámica política. En lo económico se presenta la crisis terminal del modelo agroexportador y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Contrario a lo que se dice, la composición de la economía y la estructura laboral sigue en buena parte definida por el modelo agroexportador que carece de viabilidad económica e histórica. Sin embargo, el cambio de modelo económico ha sido muy lento – a diferencia por ejemplo de El Salvador – debido a que la mayor parte de grupos económicos mantiene – a pesar de la diversificación – intereses relacionados con la agroexportación. La salida que se impuso ante el colapso de dicho modelo fue la inserción del país en la economía mundial a través del TLC. Ante el mismo, como se ha documentado, la mayoría de grupos empresariales encuentra serias limitaciones para competir, por lo que buscan – los que tienen condiciones – alianzas con capitales transnacionales y/o el control político del Estado como medio de acumulación y de defensa de sus intereses. La disputa por el poder político está estrechamente relacionada con la posibilidad de sobrevivencia de estos grupos en un escenario post TLC.

A estos elementos debe incorporarse el hecho de que los capitales ilícitos tienen cada vez una mayor importancia para la economía del país y que los mismos se han asociado –por diversas vías pero especialmente a través de la bancaria en la que todos los grupos empresariales importantes tienen presencia- con los capitales “lícitos” de manera que cada vez resulta más borrosa la diferencia entre capitales blancos y negros, en tanto que el contrabando, la evasión fiscal, y el blanqueo de dinero se han convertido en una práctica común. Igualmente es importante recordar que el dinero proveniente de negocios ilícitos una vez ingresado al sistema bancario o comercial se convierte en capital y se inserta estructuralmente en el sistema. Las diferencias entre los grupos empresariales no pueden pensarse en términos de capitales “buenos” o “malos”, sino con relación a los intereses económicos y políticos que están en juego.

Desde el punto de vista social, como se señaló antes, se asiste a un proceso de empobrecimiento generalizado que afecta a la mayoría de la población del país y que puede producir – y de hecho ha producido – movilizaciones y protestas de los grupos organizados – campesino, magisterial y de trabajadores del Estado en un primer momento – que puede extenderse a la población no organizada. Esto no significa que de manera mecánica la pobreza se traduzca en organización, movilización y lucha; sino que los procesos de empobrecimiento sobre todo de capas medias pueden conducir a coaliciones o coaliciones populares que pueden producir cambios en la correlación de fuerzas.

En lo político, empiezan a observarse reacomodos en los partidos políticos de cara a las elecciones generales de 2007. Una primera consideración sobre el próximo proceso electoral es que en este momento no hay nada definido; no se ha convocado a elecciones; no está claro el número de partidos que participarán; ni se han oficializado candidaturas a cargos de elección. En ese sentido, la imagen que los grupos dominantes pretenden crear en torno a que las elecciones se decidirán entre Alvaro Colom –candidato de la UNE – y Luis Flores – apoyado por el PAN y posiblemente otros partidos – es falsa. Es el escenario deseado por los grupos económicos que han gobernado este país en los últimos veinte años porque saben que estas candidaturas garantizan la continuidad de su dominación y no ponen en riesgo sus intereses políticos y económicos.

Al contrario, la imagen que puede hacerse del escenario político actual es el de la fragmentación de las expresiones políticas de la derecha, incapaces de presentar un frente común y de articular un proyecto político que los unifique; y la posibilidad de que emerja, en este panorama una alternativa popular y revolucionaria que exprese y movilice los intereses de la mayoría de la población.

De los partidos que han cumplido con los requisitos legales para participar en las elecciones del 2007 (12 hasta el 11 de abril) 10 se posicionan en el campo político ideológico que va del centro a la extrema derecha, y de ellos por lo menos 6 han anunciado precandidaturas a la presidencia. A esto es necesario agregar que varios partidos incluyendo la GANA, la UNE y el PAN tienen serios problemas internos que pueden afectar su desempeño político y electoral. En este momento, la mayoría de estos partidos (FRG, PAN, Patriota, UNE, y Unionistas) representan intereses de distintas fracciones de empresario. La situación resulta tan impredecible que las mayores corporaciones del país no se ponen de acuerdo en torno a que partido/candidato apoyar y están promoviendo espacios de diálogo y “consenso” para establecer una agenda que sea aceptada por la totalidad de los candidatos para garantizarse que, gane quién gane, sus intereses no sean afectados.